La unión bancaria, puesta en marcha a finales de 2014 como respuesta a la crisis financiera, sigue a la espera de ser completada al no haberse alcanzado hasta la fecha un acuerdo para el fondo de garantía de depósitos europeo. El debate acerca del mismo ha polarizado a los distintos países europeos en dos grandes bloques, que se han venido a denominar de risk sharing y risk reduction. Los defensores del risk sharing propugnan que un sistema financiero europeo apoyado en una moneda única requiere un fondo de garantía de depósitos unificado para todos los bancos de la zona euro que sirva como medida de respaldo común y evite sesgos nacionales. Por su parte, los defensores del risk reduction apuntan a que antes de hablar de compartir riesgos es preciso que los mismos se reduzcan, en especial en aquellos países que se vieron más afectados por la crisis.

Uno de los principales focos en este proceso de reducción del riesgo se centra en los activos improductivos o NPLs (non-performing loans), que a raíz de la crisis financiera se dispararon hasta niveles elevados en muchas entidades, y que presentan una importante heterogeneidad entre países. Así, la Comisión Europea y el BCE anunciaron medidas concretas para la reducción de los activos improductivos, que suponen la imposición de un calendario de provisiones muy gravoso para los nuevos NPLs que se generen, así como un plan ad hoc del supervisor para reducir el stock de estos activos en el medio plazo.

Al margen de las dudas que genera en las entidades la coexistencia de dos propuestas paralelas para el tratamiento de los NPLs por parte de la CE y el BCE, que no coinciden en su alcance ni en el calendario de su puesta en marcha, y del hecho de que en cierta medida este enfoque supone un paso atrás en el proceso de implementación de modelos internos para el cálculo de provisiones derivado de la nueva normativa contable (IFRS 9), estas medidas han sido aceptadas por las entidades europeas, y en particular por las españolas, como algo necesario para homogeneizar el tratamiento de los NPLs entre los distintos países. Como consecuencia, en los últimos meses se ha dado un impulso adicional al proceso de venta de carteras improductivas que ya estaba en marcha, y que ha llevado a una intensa reducción de los niveles de dudosidad. En este contexto, las entidades españolas han sido alumnos aventajados a nivel europeo. En lo que va de 2018 el importe de las operaciones de venta de carteras de créditos dudosos en curso supera los 27.000 millones de euros de nominal, y en 2017 la cifra fue incluso superior, llegando a representar alrededor del 50 por ciento del total europeo.

Las actuaciones emprendidas por la banca doméstica han permitido reducir la tasa de dudosidad del crédito del sistema financiero español de forma significativa, pasando del 5,6 por ciento en diciembre de 2016 al 4,4 por ciento en diciembre de 2017 a nivel consolidado, según datos del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España. A modo de contraste, la media de las entidades significativas europeas se situó en el primer trimestre de 2018 en el 3,9 por ciento, y la Autoridad Bancaria Europea ha establecido en el 5 por ciento el umbral a partir del cual consideran que se tienen que tomar medidas concretas para reducir el riesgo. Estos datos ponen de manifiesto que la tendencia es muy positiva y permitirá converger con los niveles medios europeos en un corto espacio de tiempo.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos normativos para homogeneizar los niveles de riesgo a nivel europeo y de los que están llevando a cabo las propias entidades, la realidad es que el proyecto de fondo de garantía de depósitos europeo (principal caballo de batalla de los defensores del risk sharing, entre los que se encuentra España), sigue estancado. Y eso a pesar de que la Comisión Europea, en un intento de acercar posturas, redujo el alcance del mismo en su última propuesta, dejando a un lado la mutualización completa, y apostando por un modelo de reaseguramiento combinado con un posible esquema de préstamo obligatorio entre los distintos fondos nacionales.

Por ello, creemos que ha llegado la hora de abordar con decisión el cierre del proyecto de unión bancaria, con la aprobación de la regulación del tercer pilar. Es evidente que dicho proceso tardará años en culminarse, y es razonable ligar el mismo al proceso de reducción de riesgos, de forma que cuando finalmente se integren los distintos fondos nacionales los distintos países partan en una situación lo más homogénea posible. Pero esto no es excusa para retrasar el inicio del camino, lo que además daría una señal muy positiva a los mercados y supondría un paso decisivo en el proceso de construcción del mercado financiero europeo.