Los indicadores macroeconómicos están evidenciando que la tan anhelada recuperación de nuestra economía ha empezado a activarse. A pesar de que algunos riesgos aún persisten, las previsiones de Funcas apuntan a un avance del 6,3% del PIB este año 2021 y del 5,8% en 2022. Se trata de un fuerte crecimiento que situará a España a la cabeza de la recuperación de las economías europeas. Sin lugar a duda, unas excelentes noticias para nuestra economía.
Ahora bien, estas buenas perspectivas no deben ocultar la realidad social a la que se enfrenta el país tras un durísimo año de pandemia. El impacto económico de la crisis sanitaria está siendo enormemente desigual, afectando de manera especial a los colectivos más vulnerables, como los perceptores de rentas más bajas, personas con menor formación o mayor precariedad laboral.
Preocupa especialmente la situación de los jóvenes – 4 de cada 10 estaban en paro a finales de 2020 – y la de las mujeres – con mayor presencia en los sectores más golpeados por la crisis -. Esto se ha traducido en un importante aumento de las personas en situación de pobreza extrema o riesgo de exclusión social, produciéndose, además, un cambio en la configuración de la pobreza con la incorporación de personas con estudios medios e incluso superiores. Esto explica, según estudios preliminares, que se hayan incrementado entre un 40 y 60% el volumen de intervenciones sociales realizadas por entidades como Cruz Roja o Caritas.
Este difícil contexto ha puesto de manifiesto, más que nunca si cabe, la importancia de la Obra y Acción Social realizada por las fundaciones adheridas a CECA. A lo largo de 2020, y pese a las dificultades operativas y logísticas, estas entidades han conseguido movilizar alrededor de 20.000 voluntarios y llegar a casi 25 millones de beneficiarios. La mitad de ellos, más de 12,9 millones, forma parte del grupo de colectivos específicos, como infancia y juventud, personas en riesgo de exclusión social, personas con necesidades especiales y mayores.
Esto ha sido posible gracias a una inversión social de 772 millones de euros, que sitúa una vez más, a la Obra y Acción Social como el mayor inversor social privado de nuestro país. El dato resulta especialmente significativo teniendo en cuenta que los ingresos por dividendo de las fundaciones de CECA se han visto reducidos de manera importante tras la decisión del BCE que limitó el reparto de beneficios por parte de las entidades bancarias (participadas de manera significativa por las fundaciones bancarias).
Para hacer frente al nuevo escenario provocado por la pandemia, las fundaciones han tenido que hacer un esfuerzo extraordinario reorientando sus programas y reasignando los recursos para poder atender las necesidades más urgentes durante este año, es decir, las de carácter social y sanitario. Esto explica por qué el 70% de la inversión total se haya concentrado prioritariamente en las áreas de Acción Social e Investigación con una dotación de 327 y 208 millones de euros respectivamente.
Entre las medidas puestas en marcha por estas áreas destaca, por ejemplo, l apoyo a los comedores sociales y bancos de alimentos (atendieron a más de un millón y medio de personas de las que 360.000 eran menores de 14 años) o el respaldo a 350 proyectos de investigación frente a la Covid-19. También la distribución de material sanitario en unos momentos en los que, recordémoslo, existía un problema acuciante de desabastecimiento global de este tipo de artículos.
Como decía al principio, la incipiente mejora de nuestra economía es una noticia esperanzadora y, sin lugar a dudas, contribuirá a hacer frente a la difícil situación social que la pandemia ha acentuado. Ahora bien, no hay que olvidar que si los colectivos más vulnerables son los primeros en sentir el impacto de una crisis, suelen ser también, los últimos en beneficiarse de los efectos de la recuperación.
En este sentido, la Obra Social de CECA seguirá estando cerca de los más necesitados, actuando como elemento vertebrador para fortalecer la cohesión social y el Estado de bienestar.
Pero, además, ante la magnitud del reto al que nos enfrentamos, es urgente utilizar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para sentar las bases de un crecimiento que sea verdaderamente inclusivo, poniendo en marcha reformas ambiciosas y maximizando el impacto social de las ayudas europeas. Con un 23% de nuestra población viviendo en riesgo de exclusión social, nuestro país no puede permitirse desaprovechar está oportunidad única. Hay que aprovechar esta crisis para cambar la tendencia.