La crisis sanitaria ha tenido un fuerte impacto en la situación económica y financiera de las empresas españolas, si bien su impacto se ha visto limitado gracias a las medidas adoptadas, entras las que destacan los estímulos monetarios del BCE y los programas de garantías públicas del ICO.

A pesar de la mejoría reciente en la actividad económica, la intensa caída de ingresos y el mayor endeudamiento han aumentado la vulnerabilidad financiera del sector empresarial, afectando especialmente a las empresas de menor tamaño y a los sectores más castigados por las restricciones de movilidad durante la pandemia. Según los datos del Banco de España, a pesar de que la actividad y el empleo se han recuperado significativamente, el valor añadido bruto del conjunto de las empresas de la Central de Balances del Banco de España se situaba a septiembre de 2021 todavía un 13,8% por debajo de los niveles del mismo período de 2019.

A corto plazo sigue siendo prioritario focalizar las ayudas públicas en revertir el deterioro de la solvencia generado por la crisis y focalizar los apoyos en aquellas empresas viables que presentan una mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, en el medio y largo plazo, las medidas deben ir orientadas a mejorar la productividad de nuestro tejido productivo. Existen causas diversas que explican la menor productividad de las empresas españolas durante la última década, pero sin duda, un factor diferencial, y que está detrás del menor crecimiento potencial de nuestra economía con respecto al promedio de la eurozona, es el reducido esfuerzo inversor en I+D+i, y su menor dotación de capital o infraestructuras. Así, con datos del Banco del España, nuestro país se sitúa por debajo de la media europea en variables como el stock de capital tecnológico en relación al PIB (un 66,1% inferior), o el capital productivo por empleado (29,9% inferior).

Si algo positivo podemos extraer de la crisis sanitaria es que ha acelerado la digitalización de la economía, lo que, apoyado en la aportación de fondos por parte del programa NextGen EU, representa una gran oportunidad para transformar el tejido productivo español e impulsar su internacionalización (en particular de las pymes) sobre la base de los nuevos canales digitales.

Este programa se enfrenta, no obstante, a un reto importantísimo, como es la necesidad de asignar eficientemente una elevada cantidad de recursos (70.000 millones de euros en transferencias, a los que se pueden sumar otros tantos si se hace uso del tramo de financiación), en un periodo de tiempo acotado. Por ello, es imprescindible el diseño de un proceso de selección y asignación de proyectos que sea capaz de canalizar los fondos europeos hacia las empresas y proyectos con mayor capacidad tractora.

En esta labor, el rol de la banca se antoja fundamental, debido a su elevado grado de capilaridad, apoyado en una red de más de 23.000 oficinas (la mitad del Sector CECA), su conocimiento experto y cercano tanto de las grandes empresas como de las pymes en los diferentes sectores de actividad, y una avanzada infraestructura digital al servicio de los clientes.

En el plano financiero, destaca su capacidad de anticipar fondos y de aportar financiación adicional que complemente las ayudas, generando un efecto multiplicador que maximice el impacto del plan en la economía nacional. La reciente colaboración con el ICO para la canalización de las líneas de avales (que a cierre de 2021 superó los 135.000 millones de financiación aportada por la banca), es un claro ejemplo en este sentido.

La colaboración entre el sector público y el sector privado es, sin duda, una de las claves para asegurar el éxito del plan nacional. No debemos olvidar que las Administraciones Públicas se enfrentan a los retos de coordinación que plantea la descentralización inherente al Estado autonómico. En ese sentido, las redes bancarias pueden contribuir a asegurar un tratamiento homogéneo en todo el territorio, favoreciendo la igualdad de oportunidades de los afectados por la crisis, independientemente su localización geográfica.