Dos años después de que el PIB español entrase en la senda de la recuperación, el actual ejercicio se presenta como una prueba de solidez para nuestra economía. Las previsiones publicadas por Funcas son positivas. Se espera que este año España registre un crecimiento del 2,8%, apoyado en varios factores: consumo privado, buen comportamiento de las exportaciones, inversión en bienes de equipo y otros productos, así como en construcción, especialmente de tipo residencial. Este dato es algo menor que la tasa de crecimiento del pasado ejercicio, 3,2%, pero permitirá continuar en la senda de la recuperación para ofrecer una mejora en la cifra de empleo. Este último punto es clave para la estabilidad y Funcas espera un descenso de dos puntos porcentuales, que situaría la tasa de paro en el 20,2%.

Llegar a este punto ha requerido un esfuerzo de toda la sociedad. Ha sido necesario un elevado número de reformas, unas diseñadas y ejecutadas a nivel europeo y otras con dimensión nacional. 2016 comienza con una gran inestabilidad en los mercados y a la espera de la formación de gobierno, lo que podría retrasar decisiones para continuar liberando todo el potencial de la economía española, y por ende, para el cumplimiento de estas previsiones.

Para el sector de las entidades de crédito asociadas a CECA, 2015 ha sido un año decisivo para el establecimiento de un marco legal definitivo para las fundaciones bancarias. Los diferentes desarrollos normativos por parte de Banco de España y el Ministerio de Economía y Competitividad han permitido concluir el proceso iniciado con la publicación de la Ley 26/2013 de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.

Estos avances en el ámbito regulatorio han sido paralelos a los realizados en el proceso de reestructuración y consolidación. La reducción de capacidad instalada, el notable refuerzo de los niveles de solvencia, que se sitúan de media en un 12.4%, y el destacable esfuerzo en saneamiento y provisiones, equivalente a un 14% PIB de 2008 a 2014, permite afirmar con rotundidad que el sector bancario español está preparado para su integración en el marco de la Unión Bancaria.

La reforma del sector bancario español y, en concreto, la mejora de la estructura legal de las Cajas de Ahorros españolas ha sido un capítulo más del impulso reformista iniciado a raíz de la crisis económica. Este capítulo se ha cerrado, pero quedan muchos otros abiertos, cuya implementación será parte de los retos a los que las entidades bancarias nos vamos a enfrentar en este año. El calendario regulatorio en 2016 muestra ya una abultada agenda.

El avance de la propia Unión Bancaria es uno de los principales. Una vez puesto en marcha el Mecanismo Único de Supervisión, las entidades se ven sujetas a un nuevo enfoque de supervisión, menos contable y más prospectivo y global, cuyo máximo exponente es el SREP (Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora). Se trata de un diálogo entre cada entidad y el supervisor para abordar incluso aspectos relativos a la estrategia y modelo de negocio.

Marco de solvencia Además, se ha acometido el pilar enfocado a la resolución y recuperación de las entidades. A cierre del año pasado se realizaron las primeras aportaciones a los fondos de resolución nacionales y este año ha entrado en vigor el modelo bail-in, que establece que los acreedores privados puedan absorber las pérdidas de una entidad en el caso de resolución. Queda pendiente la concreción del tercer pilar referido a la garantía de los depósitos, que está siendo impulsado por las autoridades europeas pero que debe todavía discutirse entre los miembros de la UE.

La mejora del marco de solvencia de las entidades continúa siendo una preocupación de los organismos internacionales. En este periodo se pondrán en marcha las nuevas exigencias de colchones de capital macroprudenciales (el requerimiento para entidades sistémicas, el requerimiento de conservación del capital y el contracíclico). Asimismo, continúa la búsqueda de una progresiva armonización de los ratios de capital, lo que hará necesario revisar el proceso de aprobación de modelos internos de riesgo en los distintos Estados miembros, y ha impulsado asimismo la revisión de la metodología de cálculo para el enfoque estandarizado.

Por otro lado, y como resultado de la transformación digital de la economía, la Comisión Europea está trabajando en nuevas normativas de Protección de Datos y en el Mercado Único Digital. La digitalización se plantea como una de las grandes palancas del negocio financiero y una regulación razonable y prudente es necesaria para garantizar un adecuado servicio al cliente bancario.

Una vez iniciada la senda de la recuperación de la economía, las entidades se están planteando como objetivo la vuelta a unos niveles de rentabilidad razonables y para conseguirlo, qué duda cabe que el marco regulatorio debe estabilizarse. Todo lo que asegure la estabilidad de la economía y una buena gestión de los riesgos es bienvenido, pero no hay que perder de vista que el crecimiento del negocio bancario favorece el acceso a los productos financieros a toda la población y que no se produzca exclusión bancaria en este país.

En resumen, el contexto actual plantea retos y uno de ellos es la aplicación de un reformismo capaz de dar respuesta a los auténticos problemas de la sociedad. El equilibrio en esta materia, como en tantas otras, es la clave. Un marco normativo eficaz debe ser capaz de evitar futuras crisis, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente eficiente para no entorpecer los procesos de la recuperación.