En octubre de 2022 las tres patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) firmaron la llamada Hoja de ruta para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales, ofreciendo soluciones para asegurar el acceso a los servicios bancarios en todos los municipios españoles. A tenor de los dos informes de seguimiento que se acaban de publicar, se constatan los importantes avances que se han dado, con una importante caída en la población que no tiene un punto de acceso presencial a los servicios bancarios en su municipio de residencia.

En el informe de seguimiento anual se ha producido una reducción del 25% en la población financieramente excluida, lo que supone que 162.641 personas que no tenían un punto de acceso presencial a finales de 2021 sí lo tienen a finales de 2022. Lo que esta caída implica es que la población financieramente excluida ha pasado del 1,4% al 1% de la población española. Son 443 municipios los que han salido de la lista de los que tienen problemas de accesibilidad.

La hoja de ruta propone medidas distintas en función del tamaño del municipio, con soluciones adaptadas a los de menos y más de 500 habitantes. En el primer caso, la vía por la que más ha caído la exclusión financiera es a través de los ofibuses, seguido en importancia por los cajeros automáticos. En cambio, en los de más de 500 habitantes, la solución más eficaz ha sido el cajero automático, seguido por los agentes financieros y los acuerdos con Correos. Son resultados que responden a lo establecido en la hoja de ruta.

En el diagnóstico de la inclusión financiera que se hizo con datos de diciembre de 2021, se identificaron 243 municipios de más de 500 habitantes que no tenían ningún punto de acceso a los servicios bancarios. Esos municipios han sido objeto de especial atención, para corregir lo antes posible el problema de accesibilidad. El último informe trimestral de seguimiento realizado con datos a fecha 31 de marzo de 2022 muestra el importe avance realizado en los 15 meses trascurridos, ya que el número de municipios excluidos ha caído un 35% (de 243 a 159), con una reducción similar del 35% en términos de población excluida.

Si tenemos en cuenta que desde marzo se han firmado acuerdos y realizado licitaciones para instalar nuevos cajeros automáticos en esos municipios (sobre todo en Castilla y León), serán 55 más los que saldrán de la lista de excluidos, con una caída acumulada del 58% en la población sin accesibilidad financiera en su municipio de residencia. Por tanto, son 139 municipios en los que viven 123.278 personas los que se han beneficiado de los compromisos de la hoja de ruta.

Con estos importantes avances en la hoja de ruta, el mapa de la inclusión financiera avanza a buen ritmo, que es más acelerado como es lógico en las zonas que más problemas de accesibilidad tenían. Son de destacar las mejoras que se han producido en Castilla y León. Es en los municipios más pequeños (de menos de 100 habitantes) donde se concentra como es lógico el problema de la accesibilidad (el 43,8% de los municipios excluidos tienen menos de 100 habitantes y el 93,4% menos de 500), y es en esos municipios donde más ha caído la cifra de los excluidos.

Con estos resultados se puede concluir que la hoja de ruta en favor de la inclusión financiera progresa adecuadamente. Además, la buena accesibilidad a los servicios bancarios que hay en España se refleja en el hecho de que el 99% de la población tiene un punto de acceso en su municipio de residencia, siendo España el tercer país de la UE-27 con el mayor número de oficinas y cajeros por cada 1.000 habitantes (1,41 frente a 1,05 en la UE-27).

En resumen, la necesaria reestructuración que ha experimentado el sector bancario español para mejorar su eficiencia ha exigido un importante ajuste en la red de oficinas y cajeros, pero gracias al compromiso del sector ha disminuido el porcentaje de la población con problemas de accesibilidad financiera, pasando en un solo año del 1,4% al 1%, por lo que las medidas adoptadas han beneficiado a 162.641 personas.

Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del Cunef.