Herminia se apresta a pagar la compra de la semana en el único colmado que queda en su pueblo de apenas 200 habitantes. Antes de deslizar su tarjeta por el TPV, le pide a la dueña del establecimiento que añada al importe de la compra 50 euros en efectivo. Este fin de semana vendrán sus nietos a visitarla y les ha prometido completar la paga que les dan sus padres. Doblando delicadamente el billete, lo guarda en su monedero y se despide tirando decidida del carrito de la compra.
Aunque la escena es ficticia, soluciones como ésta para acceder al efectivo son cada vez más habituales en los municipios de la España rural en los que nunca ha habido un cajero automático o en los que dejó de haberlo, en algún momento, ante el avance imparable de un fenómeno demográfico especialmente intenso en nuestro país: la despoblación.
Según informa la Secretaría General para el Reto Demográfico, pese a que la población española ha crecido en lo que va de siglo en 7,5 millones de personas, el proceso de despoblación se ha intensificado afectando sobre todo a las poblaciones rurales que cuentan además con una elevada dispersión geográfica.
Asegurar el acceso presencial a los servicios financieros en la España rural, una prioridad para el sector bancario
En este contexto, surge el dilema de cómo garantizar la prestación de servicios esenciales -entre otros, sanitarios, educativos o financieros- cuando las poblaciones rurales se vacían y se hace inviable el modelo tradicional de atención presencial. Alberto Aza, portavoz de CECA (asociación integrada por CaixaBank, Kutxabank y Cajasur Banco, Abanca, Unicaja, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Colonya Pollença y Cecabank), destaca la naturaleza estructural del problema y aboga por políticas públicas ambiciosas y la colaboración indispensable del sector privado. Bajo esa premisa, la banca ha sido el primer sector en activar una hoja de ruta para atajar de manera definitiva las dificultades a las que se enfrentan los habitantes de las poblaciones rurales a la hora de acceder a los servicios financieros. Este plan de choque, coordinado por las patronales bancarias CECA, AEB y UNACC, se puso en marcha en octubre de 2022 con el objetivo de garantizar el acceso presencial a los servicios financieros en la totalidad de los municipios o, lo que es lo mismo, una inclusión financiera total.
Para lograr ese objetivo, la hoja de ruta contempla para los municipios de más de 500 habitantes soluciones como las sucursales, la instalación de cajeros automáticos, el refuerzo de la figura del agente financiero o las oficinas móviles que atienden de manera itinerante.
Para los municipios de menos de 500 habitantes la prioridad del sector, en un primer momento, es garantizar el acceso al efectivo a través de soluciones innovadores como el cashback o cash in shop, que utilizó Herminia, y el servicio de Correos Cash.
Un año después de la puesta en marcha de la hoja de ruta, los avances logrados son alentadores. El 93 % de los municipios de más de 500 habitantes, que no contaban entonces con un punto de acceso físico, hoy lo tienen o están en proceso de tenerlo. Ante esta realidad, Alberto Aza resalta: «estamos cerca de cumplir nuestro objetivo; las entidades españolas podrían situarse a la cabeza del ranking internacional de inclusión financiera».
