Entrevista realizada por: J. de Antonio | Fotografía: David Jar

«El impuesto a la banca choca con los principios constitucionales»

No duda de que la banca está en continuo cambio, de que la incertidumbre financiera nunca cesa y de que las entidades siguen teniendo su asignatura pendiente en saber comunicar su valor social. Alberto Aza, portavoz de la patronal que agrupa a las antiguas cajas, defiende la empresa privada y sus beneficios, y tiene claro que el «impuestazo» es anticonstitucional, incongruente y distorsionador.

Con las últimas turbulencias financieras, ¿hay miedo a una nueva crisis de la banca como la de 2008?

Los focos de inestabilidad que hemos visto en EE. UU. y en Credit Suisse no son extrapolables al resto de la banca europea y menos a la banca española por la extraordinaria regulación que se impone desde el BCE. Nuestros bancos son solventes, no tienen problemas de liquidez, han aumentado su rentabilidad y están preparados para afrontar con tranquilidad este tipo de turbulencias.

Las empresas que tienen grandes beneficios, ¿deben arrimar el hombro como pide el Gobierno en tiempos de crisis?

Yo contestaría al Gobierno con otras preguntas: ¿No creen que es arrimar el hombro que la banca española sea la que más impuestos paga de la banca europea? ¿No creen que arrimamos el hombro cuando la contribución fiscal el año pasado fue del 50%, que de cada 100 euros de beneficio pagamos 50? ¿Saben que las entidades de CECA llevan 200 años acompañando a las familias más vulnerables a través de la Obra Social y que somos el mayor inversor social privado? ¿No creen que arrimamos el hombro durante la pandemia cuando pusimos en marcha el mayor plan financiero de la historia bancaria española? ¿O cuando hemos puesto en marcha el primer plan de choque para paliar la brecha digital de los mayores? ¿Y que hayamos puesto en marcha una hoja de ruta para lograr servicios financieros en la mayoría de municipios españoles? Y podría seguir, pero me temo que no tendríamos espacio en esta entrevista.

¿Cree que el Gobierno ha lanzado una campaña de descrédito contra los empresarios bancarios a los que acusa de forrarse a costa de la crisis?

La interlocución con el Gobierno es constante y fluida, pero es verdad que el impuesto a la banca ha causado cierto distanciamiento.

Entonces, ¿el impuesto extraordinario a la banca es un ataque o un error?

Nuestro rechazo a ese impuesto es total porque es un impuesto improcedente, que choca claramente con los principios constitucionales y con el derecho comunitario. Es también un impuesto contraproducente, porque va a provocar una contracción del PIB y una destrucción de empleo, hasta 70.000 puestos de trabajo hemos contabilizado en varios estudios. Y es un impuesto incongruente porque en lugar de gravar beneficios, que es lo que supuestamente pretende, lo que grava son los ingresos, sin tener en cuenta los gastos de explotación, por tanto, no es proporcional a la rentabilidad de las entidades. Y, por último, es un impuesto distorsionador, porque no existe en ningún país de nuestro entorno, lo que supone un agravio fiscal y competitivo para las entidades españolas.

¿Por qué cree que les señalan con el dedo como si fueran los malos de la película?

Hay una tendencia en el imaginario colectivo de nuestro país a criticar los beneficios de las grandes corporaciones, y especialmente los de la banca, lo que no deja de ser paradójico, porque en otros países es motivo de orgullo y aquí se estigmatizan.

¿Una consecuencia directa será la restricción de los flujos de capital y del crédito?

Sí. El impuesto va a provocar un menor crecimiento a través de la contracción del crédito.

Y la subida de tipos, ¿también va a reducir el crédito?

Desde finales del año pasado estamos observando una reducción del crédito porque la subida de tipos se ha trasladado al euríbor y ha encarecido la contratación crediticia, y los clientes han optado por no contratar.

Los ciudadanos tienen la sensación de que esta subida solo beneficia a los bancos, que elevan los tipos de las hipotecas pero no remuneran los depósitos. ¿Tienen razón?

Aquí hay dos ángulos. Es verdad que beneficia a las entidades por la mejora del margen de intermediación, pero también tiene un mayor coste de financiación para las entidades. Además, se reduce la demanda del crédito y puede provocar un repunte de la morosidad, condicionantes que van a perjudicar el negocio bancario. Habrá que esperar al final de año para ver cuál es el balance.